martes, 30 de junio de 2009

Picapedrero

La seguridad según Falcón
y sus abogados

Es tal la capacidad de irresponsabilidad del gobernador Henry Falcón, que de la crítica situación de inseguridad en el estado Lara, ha hecho una verdadera cortina de humo, lo que está bien y que siga creyendo que los larenses somos pendejos, pero que los abogados o abogadas a su servicio actúen como malos estudiantes de derecho, es inaceptable. En cuanto a lo primero, es inconcebible como se aplauden unas medidas antidelictiva del gobernador Falcón que no es más que papelillo, si haber vamos: I- El problema de Seguridad Ciudadana, es un asunto de Estado, que el gobierno chavista no atiende porque a tenor del discurso del presidente Chávez, si ser “rico es malo” hay que acabar con ello y no puede ser orando, sino atracando y en esa acción hay que matar. II- Los cuerpos policiales fueron minados de delincuentes para atropellar la disidencia política y sus sobre sueldos se estiman en secuestros y protección a bandas. Solo en Lara, el propio gobernador Falcón, amenazó con depurar a la policía donde según el mismo, hay 150 funcionarios incursos en cualquier tipo de delitos, los cuales no ha sido imputados por la fiscalía ni los imputaran, porque son fichas del chavismo y saben mucho de muchos. III- El problema de la inseguridad es puntualmente de inteligencia. La policía sabe donde están los delincuentes, deben saberlo, pero todo gira de acuerdo a los intereses el proceso. IV-La propia Institución policial, está descontenta, mal pagada y con deudas incumplidas. Mal puede entonces, un gobernador implementar política de seguridad, si la Institución para hacerlo reviste las precedentes
características. ¿Y cuáles son esas políticas que desde el Teatro Jurares se anunciaron? ¿Operativos de desarme? ¡Ponte Pila! algo así como, no salgan de sus casa, no visiten establecimientos comerciales, no anden en carros nuevos, no usen prendas, anden arriaos. Cerrar licorerías a las 9. Pm, pero los botiquines abiertos hasta las 3 de la mañana. Limitar el tránsito de los motorizados, los que hacen transporte, reparten comida o estudian y medidas anti secuestros, como si los secuestradores se antojan del pueblo, para lo cual se adquieren patrullas de lujo y motos que no visitan las “zonas calientes” de la ciudad ¡ah! y de paso un helicóptero a un costo de ll mil millones de bolívares, sin licitación -- eso es lo de menos-- dijo una diputada suplente de la oposición) y como para rematar, pretende enredar a la sociedad civil ¿De a cuando acá, el chavismo reconoce a la sociedad civil?

Ahora, como al parecer el pueblo está feliz, que siga la fiesta, apenas soy un modesto opositor que cumple su rol de advertir y no tengo la vara mágica, como para que con un helicóptero disminuya la delincuencia y así no colapse, ni la sala de emergencia del Hospital, ni la morgue, para quienes el gobernador Falcón no tiene recursos, ¡ah! pero enseño como redactar una Ley. Y me explico amiga, amigo o adversario, que para darle cierta legalidad a su “Ponte Pila” el gobernador Falcón ha remitido al Consejo Legislativo del estado Lara, un Proyecto de “Ley de Seguridad Ciudadana” cuya redacción es atribuida a un reconocido abogado, que quisiéramos que no lo fuese, porque se trata de una mamarrachada que ha hecho reír a mis alumnos de Derecho Constitucional. Al parecer se canceló un dineral por ese mamotreto jurídico con el cual el abogado Henry Falcón, pretender mostrarles a los larenses que con esa Ley, vencería la delincuencia ¡claro! en una sociedad donde no se lee y buena parte de sus dirigentes menos lo hace, cualquier cosa es posible.
La verdad verdadera es que, con esa Ley, el gobernador asumiría competencia municipal e incluso, algunas reservadas al SENIAT. Y lo triste del caso es que, no es más que una vulgar copia, de la “Ley de Seguridad Ciudadana”, aprobada dentro de su competencia por la Asamblea Nacional, con lo cual, no tiene sentido regionalizarla. Pero lo obsceno de la misma, son las imprecisiones ortográficas de quien o quienes la redactaron y el mismo gobernador que no debe haberla leído, para tener que decirle públicamente que al referirnos a Lara como ESTADO se escribe en minúscula. Que desde el punto de vista de la sintaxis, no se debe decir: -- ”implantar las políticas para la implementación de los planes estadales “— Pero vayamos a lo que debería saber, las cámaras de comerciantes, industriales, o transporte, me imagino no consultados y es que, de acuerdo a esa Ley, el “Consejo estadal de prevención y seguridad del estado”, dirigida por el gobernador Falcón, tendría “potestades de encomienda de control y fiscalización y operativo” ¡atención Zuleta! en el área del transporte, es decir invadiendo competencias no solo municipales, según la Ley, sino que van promocionar la Justicia de Paz, materia reservada a los Concejos Municipales.

Esta figura de “potestades de encomienda” está definida en el derecho administrativo como la traslación de actividades, en este caso al encomendero, por razones de eficacia, de lo cual se va a derivar o exigir un determinado comportamiento a través de una “potestad” es decir un poder efectivo con capacidad para desplegar efectos jurídicos, poco más, o menos, es la zaranga que quien sabe, de dónde se copiaron los juris –inconsultos del gobernador Falcón, que tiene preocupados a los profesionales del derecho al servicio del Consejo Legislativo. La otra mamarrachada es su injerencia en las “manifestaciones colectivas” las protestas normales, en una democracia las cuales son calificadas de acuerdo al artículo 13 de la Ley en cuestión, como “alteración del orden público”, lo que no se entiende como una Ley de Seguridad, va actuar con motivo a situaciones de alteración del orden público. Que cabria peguntarse ¿que entiende en la gobernación por orden público? Como se podrá apreciar, es un exabrupto jurídico que da pena decir que, fue redactado por abogados o abogadas.



Jorge Ramos Guerra
ardive@gmail.com

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